Legalidad patrimonial al interior de las bibliotecas


Por: Felipe Contreras

El patrimonio cultural es la herencia común de una sociedad, las bibliotecas tienen entre sus objetivos resguardar este patrimonio representado en los documentos, (libros, archivos, obras de arte, etc.). Este patrimonio es importante porque ofrece información sobre nuestra historia y costumbres. Tan solo por citar un ejemplo, la sala de libros raros y manuscritos de la BLAA (Biblioteca Luis Ángel Arango) clasifica como incunables nacionales y de suma importancia a ediciones antiguas relacionadas con Colombia impresas antes de 1930, como recurso de información recuperable para la memoria cultural e histórica del país.

Al tener un acervo bibliográfico que sustente el patrimonio de una sociedad, surge una alternativa bastante interesante, en donde entran en escena las tecnologías del siglo XXI y en especial me refiero a una, la digitalización de los documentos, que tiene a su vez ventajas en la conservación y divulgación de los documentos que no son accesibles por su importancia o por preservación.

Pero ¡Un momento! Hay que tener precaución al momento de digitalizar los documentos que conforman nuestras colecciones de manuscritos y obras antiguas; algunos de estos pueden ser obras huérfanas que a simple vista no tienen ninguna mención de responsabilidad, o por el contrario la tienen, pero no se sabe nada de la vida de estos responsables.

Muchas de estas obras que ahora legalmente pueden ser utilizadas, fueron concebidas bajo leyes distintas a las que hoy avala el derecho de autor. De esta forma se puede propiciar un debate entre la propiedad intelectual como se concebía para entonces y en qué contexto jurídico fue publicada en paralelo con la legislación de hoy y el derecho a la información libre actual.

Por tal razón se debería hacer una investigación exhaustiva por parte de las divisiones de cada biblioteca encargadas de este tipo de documentos, generalmente desarrollo de colecciones; de igual forma creería que se deben buscar asesorías jurídicas, para que los documentos destinados a la digitalización no infrinjan ninguna ley de derechos de autor, vigente al momento de ser digitalizados.

Otro punto a considerar a la hora de digitalizar es el dominio público: muchas de estas obras han pasado al libre acceso cumpliendo con el plazo estipulado por la ley (la vida del autor más 80 años), siendo pertinente su divulgación y reproducción digital. Aquí también surge un problema, algunas veces por el desconocimiento de qué obras están en dominio público o no, se infringen las condiciones con que fueron concebidas, estas se digitalizan y a su vez se pone en acceso libre una obra que se creyó de dominio público, sin preguntarse su procedencia o autoría. El desconocimiento y la poca investigación sobre su tiempo de caducidad, con respecto a su acceso público puede ser una de esas causas.

Como conclusión podría decir que por desconocimiento y por ausencia de asesoramiento jurídico en las bibliotecas estamos limitando el acceso a la información del patrimonio dispuesto en los documentos -por no digitalizar al no saber qué legislación avala dichos documentos-, o por el contrario estamos evadiendo la legislación al no respetar leyes posteriores y actuales en cuestión de derechos de autor.

Este desconocimiento surge en parte porque no se cuenta con una entidad gubernamental que divulgue cuales son las obras de dominio público y cuales están dispuestas para que puedan ser utilizadas por la sociedad libremente sin retaliaciones jurídicas. A mi juicio la Dirección Nacional de Derechos de Autor debería ser el ente que investigue y dé a conocer cuáles son las obras de dominio público.

Si mantenemos un equilibrio entre asesoramiento jurídico y conocimiento del dominio público, podremos tener bibliotecas que resguarden nuestro legado, pero que de igual forma lo den a conocer libremente a la sociedad, sin restricciones…

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